En el caso de la administración pública, se estima que la contratación pública supone un 16 % del PIB de toda la Unión Europea. Esto puede dar una idea del volumen de euros que mueve y de la generación de empleo y riqueza que pueden llegar a crear. Partiendo de la base que los presupuestos sanitarios suelen moverse entre el 30 y el 35% de los presupuestos de una administración, el peso y el impacto económico de las decisiones que se toman cada día en el ámbito de las compras en nuestros hospitales es indudablemente de una importancia elevada.
Si, ya se que esto es una obviedad. De hecho todos los servicios de salud del SNS llevan ya unos cuantos años interesados en descubrir la clave para optimizar las cifras a través de ahorros en economías de escala, ERPs, centrales de compras, revisión de todos los decretos de delegación de competencias de todos los cargos públicos, etc.
El conjunto de todas estas operaciones, junto con una correcta gestión de los stocks, pueden ser determinantes a la hora de arañar unas décimas a esa desviación presupuestaria que mes a mes nos va quitando el sueño cuando repasamos el cuadro de mandos.
Pero no solo de presupuestos vive el hombre. Todos los distintos actores que intervenimos en este proceso en el sector sanitario estaremos de acuerdo que el objetivo desde luego no debe ser comprar lo más barato posible, sino optimizar el conjunto de precio, calidad y servicio.
Debemos ser de lo más eficientes con el dinero que el ciudadano deja bajo nuestra responsabilidad, debemos ser responsables con el impacto económico que generan en la sociedad nuestras decisiones y debemos actuar como ejemplo ante aquellas prácticas que supongan una adecuada promoción del desarrollo sostenible y del bienestar social.
Y a esto último es donde quería llegar yo con mi entrada semanal en el Blog. Los poderes públicos son los primeros que deberían adoptar criterios éticos, de protección social, laboral o medioambiental en la contratación pública. Pero todavía nos queda mucho camino por recorrer para poder afirmar que en términos de comercio justo somos los que tiramos del carro.
Han pasado un poco más de veinte años desde que se acuñó el término desarrollo sostenible en la Cumbre para la Tierra que tuvo lugar en Rio de Janeiro en 1.992, pero tuvieron que pasar 10 años para que, en la Cumbre Mundial sobre desarrollo sostenible de Johannesburgo de 2.002, se indicara expresamente a las Administraciones Públicas la necesidad de que "tengan en cuenta consideraciones relacionadas con el desarrollo sostenible en su toma de decisiones incluso sobre la planificación del desarrollo nacional y local, las inversiones en infraestructuras,
el desarrollo empresarial y la contratación pública".
En nuestro país, con la entrada en vigor de la Ley 30/2.007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público se introdujo un nuevo paradigma en la contratación pública al indicar la propia ley que entre "las principales novedades afectan a la previsión de mecanismos que permiten introducir en la contratación pública consideraciones de tipo social y medioambiental, configurándolas como condiciones especiales de ejecución del contrato o como criterios para valorar las ofertas".
A pesar de que la Ley de Contratos lleva ya casi ocho años entre nosotros, no es muy habitual ver políticas y prácticas innovadoras sobre comercio justo en las compras del sector sanitario. No hay duda que las restricciones financieras y presupuestarias que el sector viene arrastrando desde el 2.008 no ayudan a que se fomente este tipo de visión entre los diversos actores del proceso de compra. Tampoco lo ponen fácil las características técnicas de los artículos que forman las primeras dos letras de la clasificación ABC de nuestros catálogos de productos, que no permiten muchas florituras debido a la limitación de la oferta en los distintos proveedores.
Pero lo cierto es que, lamentablemente, el concepto de comercio justo y compras sostenibles, en términos generales, todavía no está interiorizado en nuestro ADN de gestores sanitarios públicos.
Por ello me ha parecido muy interesante esta Guía de Contratación Pública Sostenible, del Foro de Consumo de Navarra en colaboración con el Servicio Navarro de Consumo y la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS). En la misma podréis encontrar un buen número de criterios sociales y consejos para incluir en la contratación pública, así como una relación de buenas prácticas de diversas Instituciones (entre las que me he alegrado de encontrar al Hospital Virgen de las Nieves de Granada).
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